Las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria de la Covid-19 no se podrán cuantificar en su totalidad hasta el verano o cuando menos, una vez que hayan finalizado todas las fases de la desescalada. La realidad más inmediata muestra un claro deterioro en las expectativas de crecimiento de la economía que, de acuerdo con la actualización del Banco de España hecha este mayo, el PIB caerá entre el 9,5% y el 12,4% este 2020.
Las previsiones tanto de particulares como de empresas y autónomos son inciertas, a la espera de ver la efectividad de la reactivación de la actividad económica y de la totalidad de ayudas públicas que se acaben destinando. Alquileres, hipotecas y demás gastos periódicos de particulares y empresas tienen que encontrar respuesta efectiva de manera urgente. En este sentido, por responsabilidad con la ciudadanía y tratar de evitar impagos y desahucios, el Gobierno central ha destinado unos fondos específicos de cerca de 700 M€ en forma de préstamos ICO avalados y subvencionados con interés al 0% (BOE, 01.05.2020) para cubrir de manera directa el pago del alquiler y/o para la cancelación de microcréditos solicitados a raíz de los perjuicios económicos ocasionados por el coronavirus. Estas ayudas ofrecen un margen cómodo de retorno en 6 años, ampliables a 10. Conseguir que esta situación sea temporal, preservando la ocupación y la actividad empresarial es esencial para mantener el consumo y el equilibrio del sistema.
Por su parte, la Generalitat, a través de la Secretaría de Hábitat Urbà y Territorio, ha anunciado también una línea propia de ayudas al alquiler por valor de 14,5 M€, disponibles desde el 15 de mayo. La cantidad de la ayuda se determinará en función de la demarcación donde esté la vivienda, por un máximo de 6 mensualidades y es compatible con otras ayudas siempre y cuando no se supere la renta establecida en el contrato de alquiler que se tenga. “Es muy positivo que, en una situación tan compleja como la que están viviendo muchas personas con importantes pérdidas de ingresos, la administración pública ponga a disposición este tipo de subvenciones. Además del hecho y la intención, es necesario una vez más que los trámites de solicitud y la efectuación de las transferencias sean rápidas para dar oxígeno a las finanzas particulares”, destaca Àlex Vázquez, director de Administración de Alquileres de FORCADELL.
“Siendo una iniciativa pública positiva y de ayuda, es también de responsabilidad hacer uso, siempre que se cumplan los requisitos, y contribuir a que el engranaje que hace circular la liquidez no se pare. En algunos casos los arrendatarios están proponiendo posponer los pagos o negociar directamente con la propiedad una solución temporal -y que en algunos casos sí que se lleva a cabo una vez analizada el riesgo de cada caso-, en lugar de solicitar estas ayudas que, a pesar de que son a interés 0%, se tienen que devolver al Estado,” añade Vázquez. Todavía es pronto por saber el volumen de solicitudes y concesiones de estas subvenciones pero “es muy probable que el índice de morosidad pueda verse incrementado por impagos o devoluciones de recibos”, finaliza Alex Vázquez.
Por otro lado, en el caso del tejido empresarial (autónomos, emprendedores y empresas) el Estado también ha abierto unas líneas de crédito ICO específicas para poder llevar a cabo su actividad habitual, realizar inversiones o hacer frente a la falta de liquidez y/o gastos. En este caso, el tipo de interés puede ser fijo o variable y se tendrá en cuenta el margen que establezca el banco a través del cual se haga la solicitud según el plazo de amortización acordado. Los préstamos concedidos tendrán un importe máximo de 12,5 M€ a devolver hasta un máximo de 20 años, con posibilidad de carencia de 3 años.
Para completar las ayudas desde un estadio todavía más elevado, a nivel europeo, también será clave el acuerdo que finalmente acaben materializando los países miembros de la Unión para recuperar la economía del viejo continente. Recientemente Francia y Alemania han propuesto la creación de un fondo de recuperación de 500 M€ a repartir entre los sectores y zonas más afectadas por la Covid-19. La propuesta plantea que sean transferencias y no créditos a devolver, es decir que sería la propia Unión quien asumiría el gasto repercutiendo en cada país la parte proporcional de acuerdo con su contribución.
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